“Cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza.”
La frase que titula esta nota es atribuida al escritor norteamericano Edgar Allan Poe, autor del célebre poema El Cuervo y de cuentos de terror. Y viene casi “como anillo al dedo” para esta colaboración en Mis-Noticias, ya que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una propuesta sobre la salud mental de los gobernantes.
El PAN entregó una iniciativa que tiene la finalidad de “garantizar que el Presidente de la República y su Gabinete se encuentran en condiciones de salud mental aptas para gobernar, estableciendo un examen de salud mental previo a la elección y de manera anual, puesto que se trata de un tema de seguridad nacional” (ver diario Reforma, 23 septiembre 2020).
El documento agrega: “La información sobre el estado de salud de los jefes de Estado es información de interés público, a la sociedad le interesa saber si su Presidente y su equipo de trabajo gozan de plenas facultades, para tomar las decisiones que promuevan su bienestar y desarrollo”.
La iniciativa panista, suscrita por los diputados Adriana Dávila Fernández y Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, puede leerse íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados federales, del pasado miércoles 23 de septiembre.
La salud de los gobernantes es un asunto que no está regulado por ninguna norma jurídica. En la anterior elección presidencial, el candidato priista, José Antonio Meade, pidió se haga un “examen toxicológico y mental de todos los que aspiran al cargo”. El PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, y Morena, reaccionaron diciendo que “están de acuerdo” con la solicitud. No obstante, como fue del conocimiento público, nadie se sometió a esas pruebas.
En otra ocasión, el PAN por conducto de su líder en la Cámara de Diputados federales, planteó que el INE “debería requerir a los candidatos a la presidencia un certificado médico de salud física”. No abarcó la mental. Tampoco prosperó la propuesta.
La información de la salud de los gobernantes ha sido considerada como confidencial, y en consecuencia no se ha proporcionado por las vías de acceso a la información pública. En el pasado, se pidió saber el estado de salud de los presidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quezada, hoy amenazados con promoverles algún juicio que no especifica la consulta popular instada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la presidencia de la República se negó a proporcionar la información.
Hoy el PAN formula una adición al artículo 6 de la Constitución federal: “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. El estado de salud mental del Presidente de la República, los Secretarios, Subsecretarios de Estado y del Fiscal General de la República es información de interés público y quedará exceptuada de la protección y reservas de ley”.
Y aún más, propone que para ser presidente se requiera “tener un buen estado de salud mental, que deberá acreditarse con los estudios clínicos y dictámenes médicos de conformidad con las normas aplicables y la ley en la materia, así como hacerse públicos noventa días antes del día de la elección”, y “no tener padecimientos mentales”.
¿Y el gobernador de Yucatán?
Sería casi increíble que los diputados del PAN en la LXII Legislatura del Congreso yucateco se atrevieran a plantear una iniciativa para obligar al gobernador yucateco a revelar el estado de su salud mental.
Sin embargo algo podrían opinar en el caso los legisladores Paulina Aurora Viana Gómez, Víctor Merari Sánchez Roca, Manuel Armando Díaz Suárez, Kathia María Bolio Pinelo, Rosa Adriana Díaz Lizama, y Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro.
En Yucatán, conforme a la ley de la materia, los datos personales que puedan revelar aspectos como el estado de salud presente o futura, son considerados “datos personales sensibles”.
La ley define a éstos como “aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual”.
Dispone también, en lo que interesa, que “los datos personales son irrenunciables, confidenciales, intransferibles e indelegables. Únicamente su titular tiene libre acceso”.
La pregunta sigue vigente: ¿Convendría legislar para que los gobernantes estén obligados a hacer públicos los estudios sobre su salud mental y física?