En la presidencial “mañanera” del pasado jueves 28, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se refirió a las fiscalías estatales, asegurando, entre otras cosas, lo siguiente:
a). No tienen una actuación, por decir lo menos, apegada a derecho.
b). No rinden cuentas, no tienen controles, ni siquiera de carácter político, de su actuación.
c). Yo sí quisiera inclusive proponer una adición a estas normas constitucionales para que los fiscales respondan, digamos, a sus mandantes, ¿y quiénes son sus mandantes?, los congresos locales, precisamente para que sus actuaciones estén estrictamente apegadas a la legalidad, a la Constitución y a derecho.
Aunque el discurso secretarial precisó que “no todos los fiscales son así”, constituye un diagnóstico severo y grave. Tampoco señaló expresamente a algún fiscal local.
La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo, previsto en la Constitución federal. Su titular dura en su encargo nueve años, es designado por regla general, por el Senado de la República, puede ser removido por el Ejecutivo federal, y debe presentar cada año, un informe de actividades a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
En Yucatán, la Fiscalía General del estado, no goza de autonomía constitucional. Solo la tiene la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Ley Fundamental de los yucatecos dispone que la Fiscalía General “es una dependencia del Poder Ejecutivo”. Ni el Ejecutivo y ni los legisladores se han atrevido a otorgar autonomía constitucional a la fiscalía yucateca.
Para la redacción de esta nota, intenté buscar información relativa a la rendición de cuentas de la Fiscalía General del estado, pero ya no están visibles los documentos relativos al segundo informe de gobierno 2018-2024. En el portal del gobierno aparecen cuadro que señala: “La página que estás buscando no está disponible”.
En el primer informe de gobierno, el Ejecutivo señaló que en la Fiscalía opera un “sistema de inspección interna con el propósito de vigilar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que todo servidor público está obligado a respetar en el ejercicio de sus funciones”. Al parecer, el “sistema” falló en el caso del ex Fiscal Wilbert Cetina Arjona.
Había registrado que en la Fiscalía, durante 2020, “se ejercieron 10 millones 820 mil 036 pesos en la adquisición de “muebles de oficina y estantería” y otros bienes muebles; y en otros programas, 30 millones 048 mil 999 pesos”.
La Fiscalía tuvo un presupuesto en 2020 por la cantidad de 423 millones 013 mil 736 pesos. Para el ejercicio fiscal de 2021, el Ejecutivo y el Congreso le disminuyeron su gasto presupuestal. Quedó en 399 millones 423 mil 742 pesos. Es decir, le quitaron 23 millones 589 mil 994 pesos.
El segundo informe de gobierno 2018.2024 no contiene rubro o capitulo expreso dedicado a la rendición de cuentas de la Fiscalía estatal. No hay una línea, por ejemplo, dedicado al ex Fiscal Cetina Arjona, cuya actuación al final de su gestión fue escandalosa y denunciada públicamente por un periódico local.
Se recuerda su frase, que constituye estigma para el gobierno actual: “la Fiscalía es para hacer lana”. Acaso la tuvo en mente la Secretaria de Gobernación al opinar que los fiscales “no rinden cuentas y no actúan apegados a derecho”.
La denuncia publicada periodísticamente no se ha traducido en una investigación ministerial, según se entiende de las últimas informaciones proporcionadas desde la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Al menos, ninguna de éstas informa suficientemente a la sociedad. Tampoco lo hacen el Ejecutivo y los legisladores.
Ha quedado en el olvido, por lo visto, el acuerdo de los diputados de la LXII Legislatura estatal, que pide a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Secretaría de la Contraloría General, “determinen las responsabilidades correspondientes y en su caso apliquen sanciones”.
El caso de la anterior Fiscalía General del estado, con la titularidad de Cetina Arjona, puede ejemplificar las expresiones de la Secretaria de Gobernación, en el sentido de que, salvo prueba en contrario, no rindió cuentas y actuó sin apego a la ley.
Si no se persigue y se castiga, conforme a derecho, la impunidad prevalecerá en la administración pública estatal 2018-2024. Podría suceder que avance la corrupción gubernamental. No es lo aconsejable socialmente.