El presidente de la República propondrá una “reforma administrativa” para desaparecer los órganos autónomos, como el INAI y el INE, porque, aseguró, “no hacen nada y ganan mucho”. También ha afirmado que son “organismo alcahuetes”.
Abundó: “Lo que vamos a revisar es una reforma administrativa que vamos a llevar a cabo para ajustar el gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos, la mayoría no hacen nada en beneficio del pueblo, pero no hacen nada de nada. Solo tratan de defender intereses creados y ganan muchísimo. Fueron los que se ampararon para ganar más de lo que gana el presidente”.
Antes, en enero último, el presidente de la Repúbllca había anunciado que “la eliminación de los órganos autónomos de la Administración Pública Federal comenzarán por suprimir las entidades creadas por decreto del Ejecutivo Federal y que no necesitan una reforma legal”.
No tengo noticias que haya emprendido alguna acción legal en ese sentido en los casi cuatro meses transcurridos desde el “ultimátum” presidencial.
Es insuficiente el actual dicho presidencial para saber con precisión qué propondría al Congreso de la Unión. Sugirió en su declaración, por ejemplo, trasladar las funciones de la autoridad electoral al Poder Judicial, y anteriormente había exclamado que las actividades del INAI las podría realizar la Secretaría de la Función Pública.
En la materia, existen órganos autónomos ordenados por la Constitución federal y otros, dispuestos por la ley secundaria. Unos son constitucionales y otros legales. El Ejecutivo tendría que distinguir en sus proyectos de modificaciones a los textos de la Constitución y de las leyes.
Para reformar las disposiciones de las normas jurídicas, hay procedimientos específicos en la Constitución de la República. Por ejemplo, para las modificaciones de las constitucionales, requiere una mayoría calificada de parlamentarios y la intervención de las legislatura de los estados. Para las legales, solo una mayoría simple de congresistas de ambas cámaras.
Los ejemplos del presidente de la República, INAI e INE, están previstos en la Constitución federal y para una reforma hay un procedimiento especial. En la Cámara de Senadores, el Ejecutivo no cuenta
con los votos necesarios para la aprobación de una iniciativa de desaparición de esos órganos autónomos. Así que es probable que una iniciativa presidencial tenga dificultades para ser aprobada.
Y ya se sabe que del dicho presidencial al hecho legislativo hay un gran trecho. En su caso, las propuestas presidenciables, ¿serán transitables con dificultades o sin cambiarles ni una coma? ¿O serían rechazadas de plano?
Hasta que el Ejecutivo envíe su propuesta a los congresistas se sabrán los motivos de su decisión de desaparecerlos como están previstos en la Constitución federal. Ahora se presume una molestia presidencial: en el caso del INE por dejar fuera definitivamente a sus candidatos a gobernadores de Michoacán y Guerrero; y en el del INAI, porque éste interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del padrón de telefonía móvil.
Son cuestiones políticas las que dominan, se presume, el entendimiento presidencial.
¿Y los candidatos a diputados federales?
En una somera revisión periodística, no he encontrado pronunciamiento alguno de los candidatos yucatecos a una diputación federal.
Es probable que a ellos les corresponda analizar, estudiar y resolver las posibles iniciativas presidenciales para “desaparecer” a los órganos autónomos.
Están entretenidos caminando y descubriendo las calles de sus distritos electorales.
Yucatán
En la entidad, la Constitución yucateca prevé seis organismos autónomos:
1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 2. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 3. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 4. El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 5. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. 6. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
No hay noticia pública de que el gobernador del estado pretenda desaparecerlos, al menos hasta esta fecha. Sin embargo, tampoco encuentran apoyo en materia presupuestal del Ejecutivo ni del Legislativo. Por ejemplo:
La Comisión de Derechos Humanos recibió en 2021 recursos presupuestales por el mismo monto que en 2020, la cantidad de 36 millones 796 mil 032 pesos.
La institución de transparencia recibió menos recursos en 2021, un total de 2 millones 763 mil 803 pesos, ya que se le asignó la cantidad de 24 millones 874 mil 222 pesos, en tanto que en 2020 recibió 27 millones 638 mil 025 pesos.
Al tribunal electoral le otorgó la misma cantidad en 2021 y en 2020: 28 millones 525 mil 758 pesos.
Podría ser que no haya tenido tiempo de analizar el asunto, ya que se encuentra entretenido saludando “de parte de todos los yucatecos”, a la perrita Frida, “que ayudó a las labores del sismo en la CDMX en 2017” (como publicó en su cuenta de Facebook), o comprando “pan bueno” en Maxcanú, “una hojaldra, conchas y pan de mantequilla” (Mis-Noticias, 30 abril 2021).