Después de contar con la anuencia de las partes involucradas, se celebró un procedimiento de juicio abreviado, donde el ciudadano J.A.P.A. fue encontrado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual y violación (2), ambos equiparados y agravados, por lo que fue sentenciado a 26 años de prisión y 617 días de multa por los hechos ocurridos en agravio de una menor de edad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad penal del acusado, por los hechos ocurridos en las colonias Nueva Mayapán y Chuminópolis, donde agredió sexualmente a una menor de edad, aprovechando la confianza depositada en él por ser abuelo de la víctima.
Tras dictarse el fallo condenatorio de la causa penal 408/2023, se señaló que además de las penas mencionadas, el acusado recibiría amonestación pública, se le suspendieron sus derechos políticos y se le prohíbe acercarse a la víctima por tres años más una vez que compurgue su pena en prisión.
Por último, se programó la siguiente audiencia para la lectura y explicación de la sentencia, pero ambas partes estuvieron de acuerdo en que se dispensara, por lo que las penas quedan en firme una vez concluida la diligencia del juicio abreviado.
Guiadora vinculada por daños y lesiones
La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos y elementos de prueba suficientes para que I.A.P.C. fuera vinculada a proceso por los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena, ambos cometidos por culpa, tras haber atropellado y lesionado a una pareja que viajaba en motocicleta.
Conforme a la causa penal 301/2025, los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de mayo de 2025, cuando alrededor de las 10:50 horas, el arriba citado conducía un automóvil Toyota sobre la calle 45-L y al llegar al cruce con la calle 112-A del fraccionamiento Las Américas, no respetó la señal de alto de disco y al invadir la arteria de preferencia, ocasionó la colisión contra una motocicleta que resultó con daños materiales, en tanto la pareja que la tripulaba resultó con lesiones.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control (Mérida), la Juez valoró los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación, los cuales fueron suficientes para que se decretara el auto de vinculación a proceso, además de otorgar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y otorgó medidas cautelares diversas que incluyen presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y prohibición de salir del Estado por todo el tiempo que dure el proceso.
Le formulan cargos por daños y lesiones ocurridas en Motul
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a la ciudadana A.C.F.C. por los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena, ambos cometidos por culpa, denunciados tras los hechos ocurridos el pasado mes de diciembre en calles del Centro de Motul.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación, después de formular la imputación de los delitos, expusieron los elementos de prueba reunidos en la causa penal 212/2025, para solicitar la vinculación a proceso de la encausada, quien solicitó que su situación se resuelva dentro del plazo constitucional de 144 horas, por lo que en fecha próxima se reanudara la audiencia y definirán la condición legal de la encausada.
Los hechos, reunidos por los especialistas de la FGE, ocurrieron el pasado siete de diciembre del 2024, cuando la acusada conducía su vehículo automotor sobre la calle 22 del Centro de Motul, pero al llegar al cruce con la calle 31 y presuntamente no respetar la señal de alto, invadió la vía de preferencia, donde circulaba un motociclista, quien se impactó contra el vehículo automotor y resultó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, así como daños en ambos medios de transporte.
Antes de finalizar la diligencia, se expusieron los argumentos y solicitaron la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez de Control, tras valorarlos, estableció que la acusada deberá acudir a firmar periódicamente, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y deberá someterse al cuidado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares por todo el tiempo que dure el proceso.
