Mérida, 5 de agosto de 2021 (Mis-Noticias).-El ex alcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena, junto con sus 7 ex regidores, fueron vinculados a proceso penal por un presunto daño patrimonial al erario público superior a los 50 millones de pesos.
La Jueza de Control del cuarto distrito judicial del sistema penal acusatorio, Mariza Virgina Polanco Sabido, consideró procedente la denuncia en contra del ex presidente municipal por el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla”.
La acusación se refiere a que los 8 miembros del Cabildo autorizaron la venta de dos predios propiedad del municipio por un monto de 400 mil pesos, cuando esos bienes inmuebles tenían un valor superior a los 57 millones de pesos.
(Vale la pena recordar que el ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, también enfrenta ahora un proceso penal junto con sus regidores por haber favorecido a un particular con un millonario contrato para el servicio de alumbrado público).
A través de un comunicado de prensa del Tribunal Superior de Justicia, informó del proceso judicial iniciado a los 8 ex regidores que conformaron el Ayuntamiento 2015-2018.
“Umán, Yucatán a 5 de agosto de 2021. Carpeta administrativa: 45/2021.
En audiencia realizada este día en el Centro de Justicia Oral de Umán ante la Jueza de Control del cuarto distrito judicial del sistema penal acusatorio, Mariza Virgina Polanco Sabido, 11 personas fueron vinculadas a proceso penal por su probable participación en hechos con apariencia de delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla.
La Jueza de Control expuso en la audiencia que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y en la Constitución Federal para dictar el auto de vinculación por tales delitos, con lo cual se continuará el proceso penal a los imputados por esos hechos.
Los hechos expuestos en la audiencia por los representantes de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción son los siguientes:
“Que ocho de los hoy imputados, en su calidad de regidores del cabildo de Celestún, Yucatán, en el periodo de la administración pública municipal 2015-2018, entre el 12 de febrero y 30 de agosto de 2018, ilícitamente otorgaron enajenaciones sobre dos tablajes catastrales que, hasta ese momento, eran propiedad del municipio; procediendo a venderlos a favor de otras tres personas imputadas, socias de la empresa compradora, todos a quienes se imputa como coautores materiales directos de la posible conducta de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla.
Ya que mediante sesión de cabildo de fecha 18 de junio de 2018, el órgano municipal aprobó unánimemente la enajenación de dichos terrenos, aún cuando no se cumplía con 6 de los 9 requisitos mínimos que prevé el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios para tal efecto; esto en favor de tres personas físicas que pagaron $400,000 M.N. por los bienes inmuebles cuando éstos en verdad tenían un valor comercial de $57,245,196.49 M.N dañando con ello, gravemente, el patrimonio municipal, quien encontró un déficit de 99.31% en esa operación.
Cabe apuntar que en el caso del perito valuador, también imputado en la audiencia, se le atribuyen dichas conductas en el grado de partícipe. Por su parte, una de las ex-regidoras que no estuvo presente en la audiencia, será presentada, con auxilio de la fuerza pública el próximo 23 de agosto del presente.
La Jueza de Control Polanco Sabido impuso a los imputados medidas diversas a la prisión preventiva: acudir a firmar ante la autoridad, embargo de bienes, sometimiento a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, prohibición de acercarse a testigos, todas estas medidas por todo el tiempo que dure el proceso penal.
La juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de seis meses para continuar con la investigación complementaria del caso”.