Mérida, Yucatán, 16 de mayo de 2023.- Una sentencia de 30 años y tres meses de prisión y el pago de un millón 742 mil 812 pesos es la pena que tendrán que cumplir V.Z.K., F.Ch.M. y R.M.C. luego que el Tribunal Primero de Enjuiciamiento los declarara penalmente responsables del delito de homicidio calificado cometido en pandilla.
Luego de un proceso de juicio oral en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) acreditó la responsabilidad de los indiciados en los hechos denunciados, el Tribunal dictó el fallo condenatorio, por lo que se realizó la audiencia para la individualización de la sentencia.
Además de las penas mencionadas, a los acusados le fueron suspendidos sus derechos políticos, recibieron una amonestación pública y no podrán acercarse a la víctima y a su domicilio por un plazo de tres años.
Los hechos que están contenidos en la causa penal 03/2020, ocurrieron en enero del año 2020, cuando los sentenciados recurrieron al uso de la fuerza para llevar a la víctima a un área deshabitada en la localidad de Akil, donde lo privaron de la vida luego de un traumatismo cráneo facial, de acuerdo a lo determinado por especialistas del Servicio Médico Forense.
Antes de finalizar con la audiencia celebrada en el Juzgado del Tercer Distrito, con sede en Tekax, se convocó a las partes para que el próximo 23 de mayo se realice la lectura y explicación de la sentencia.
Prisión preventiva para imputado por violación
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de F.N.C., por el delito de violación equiparada agravada, cometida en agravio de su hija menor de edad, por lo que estará privado de su libertad durante todo su proceso.
La Juez Primera de Control del Segundo Distrito Judicial, con sede en Kanasín, declaró legal la detención del acusado durante la audiencia y a continuación, esta representación social presentó los datos de prueba para formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pero la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y se fijó el día 19 de mayo para la audiencia de vinculación a proceso.
Durante la audiencia, la Fiscalía estableció bajo la causa penal 69/2023, que el 12 de mayo del presente año, el acusado cometió el delito en contra de su hija en el cuarto de un motel, ubicado en Kanasín, por lo que fue detenido por elementos policiacos.
Los fiscales de litigación, solicitaron a la Juez de Control la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del acusado y tras valorar los datos aportados, la autoridad judicial otorgó la medida solicitada, por todo el tiempo que dure el proceso.
Le formulan cargos por no pagar la pensión alimenticia
Por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a C.E.C.M., denunciado por no cumplir con la manutención de sus dos hijos menores de edad.
Tras la denuncia interpuesta se inició la investigación a cargo de los especialistas de la Fiscalía y se estableció que el encausado y la denunciante vivieron en unión libre y durante su relación tuvieron dos hijos.
En la causa penal 21/2023 se señala que el acusado promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de proporcionar la cantidad de mil pesos mensuales para sus hijos, pero no cumplió cabalmente con lo establecido desde el mes de julio del año 2018, por lo que fue denunciado penalmente.
En la audiencia, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y después presentaron los datos de prueba que obran la carpeta de investigación y solicitaron la vinculación a proceso del imputado, quien pidió la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que la Juez Primera de Control estableció que la audiencia continúe el próximo 18 de mayo.
Finalmente, antes de concluir, esta representación social expuso sus argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez de Control estableció que el imputado deberá acudir a firmar ante la Unidad de Investigación correspondiente, no podrá salir del Estado sin autorización judicial y estará bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, todo esto por el tiempo que dure el proceso.