Mérida, Yucatán, 27 de diciembre de 2022.- Después de ser declarado penalmente responsable del delito de fraude en un proceso de juicio oral, J.B.R. fue sentenciado a cinco años de prisión y al pago de tres millones de pesos por reparación del daño por los hechos ocurridos en esta ciudad en marzo del año 2019.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales que permitieron confirmar la responsabilidad del acusado en los hechos denunciados y se obtuvo el fallo condenatorio en el Juicio Oral celebrado ante el Tribunal Unitario 6, donde el juzgador comprobó la culpa del encausado y durante la audiencia de individualización se sentenció al acusado además de a la pena de prisión, al pago de una multa por 200 UMA´s, recibir amonestación pública, se le suspendieron sus derechos políticos y además se le prohibió acercarse a la víctima y su domicilio de forma permanente.
Cabe recordar que durante su etapa inicial, el proceso fue desahogado ante el Juzgado Segundo de Control bajo la causa penal 324/2021, donde se estableció que el cuatro de marzo del año 2019, el sentenciado se reunió con el querellante y dos personas más para constituir una sociedad para la venta de telas, para lo cual el denunciante entregó tres millones de pesos al acusado, quien entregó un recibo firmado, pero no realizó ninguna compra de producto, ni realizó ningún trámite para establecer el citado negocio, con lo que causó un detrimento en agravio de la víctima, porque tampoco le regresó el efectivo recibido, por lo que se inició el actual proceso penal.
Por último, antes de concluir la diligencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, se citó a las partes para el próximo dos de enero realizar la lectura y explicación de la sentencia.
Vinculado a proceso por incumplir con sus obligaciones familiares
Acusado del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, J.S.A.M. fue vinculado a proceso, después de ser valorados los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por incumplir con el pago de pensión alimenticia de sus dos hijos.
Tras presentarse la denuncia correspondiente que derivó en la causa penal 389/2022, los especialistas de la Fiscalía iniciaron con la indagatoria, la cual arrojó que el encausado y la denunciante estuvieron casados y procrearon dos hijos de identidad reservada.
En noviembre de 2019 se disolvió el vínculo matrimonial y la autoridad familiar ordenó el pago de dos mil pesos mensuales a favor de los menores, pero desde julio de 2020 el encausado no ha cumplido con esa obligación de manera puntual, por lo que se interpuso la formal denuncia.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación formularon la imputación y presentaron los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación para solicitar se resolviera la situación legal del imputado, quien estuvo de acuerdo en que se definiera su condición jurídica durante la presente audiencia, por lo que la autoridad judicial valoró los datos, otorgó el auto de vinculación a proceso y estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Por último, esta representación social expuso los argumentos para solicitar medidas cautelares, por lo que el Juez estableció que el acusado deberá presentarse de manera periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, deberá pagar una garantía económica, tiene prohibido salir del Estado sin autorización y estará bajo la vigilancia del mismo Centro.