Mérida, 28 de mayo de 2022.- En una audiencia de procedimiento abreviado se dictó un fallo condenatorio a J.I.P.C., quien fue sentenciado a 12 años de prisión al ser encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada, denunciado tras los hechos ocurridos el mes de noviembre del año 2019 en un predio del fraccionamiento Las Américas II, de ésta ciudad.
De acuerdo con la indagatoria realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) el sentenciado cometió el ilícito en agravio de la víctima, utilizando la violencia física y moral, por lo que se presentó la formal denuncia que derivó en la causa penal 180/2021.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, tras contar con la anuencia de las partes involucradas, la Fiscalía aportó los datos de prueba que permitieron al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial otorgar el citado fallo condenatorio y además de la pena privativa de la libertad, otorgó una multa de 300 días.
Adicional a las penas mencionadas, el sentenciado tiene prohibido acercarse a la víctima y al lugar de los hechos en un plazo de tres años después de haber cumplido su sentencia, recibió una amonestación pública, deberá pagar 25 mil 347 pesos por concepto de multa, la reparación del daño y le fueron suspendidos sus derechos políticos.
Imputado por violencia familiar y lesiones
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a E.R.D., por el delito de violencia familiar y lesiones, denunciado tras los hechos ocurridos en días pasados en la colonia Díaz Ordaz, en agravio de su madre quien lo denunció penalmente.
Una vez interpuesta la denuncia, los especialistas de la Fiscalía iniciaron la indagatoria que derivó en la causa penal 164/2022, donde se establece que los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo en un predio de la citada colonia, donde el encausado ejecutó actos abusivos de poder dirigidos a dominar de manera física a la víctima, quien resultó con lesiones que tardan en sanar más de 15 días.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación y presentaron los argumentos para sustentar la solicitud para resolver la situación legal del imputado, pero éste se acogió a la ampliación del término para definir su condición jurídica, por lo que el Juez Primero de Control estableció que la audiencia se continúe el próximo primero de junio.
Por último, esta representación social expuso los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva justificada como medida cautelar, la cual fue concedida por el Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.
A proceso por muerte de dos ciclistas en accidente vial
Acusado del delito de homicidio cometido por culpa (2), la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a P.R.D.C., por los hechos ocurridos en agosto de 2020 en el periférico de ésta ciudad, donde perdieron la vida dos ciclistas.
Tras la denuncia interpuesta se integró la carpeta de investigación de la causa penal 74/2020, donde se establece que los hechos ocurrieron el día cinco del mes y año señalados, cuando el imputado conducía un tractocamión en el kilómetro 16 + 500 del periférico de Mérida, cuando perdió el control y colisionó a dos ciclistas que transitaban en el acotamiento, quienes perdieron la vida a causa de politraumatismo.
En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y presentaron los datos de prueba para pedir se resolviera la situación legal del imputado, quien solicitó la ampliación del término constitucional para definir su condición jurídica, por lo que el Juez de control del Primer Distrito estableció que la audiencia continúe el próximo primero de junio.
Por último, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control, tras valorarlos, estableció que el imputado tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial, acudir a firmar y estar bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, todas se mantendrán vigentes durante el resto del proceso.
