Mérida, Yucatán, 15 de noviembre de 2024.- Tras ser declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada, J.B.M.P. fue sentenciado a 19 años de prisión y al pago de 4000 UMA´s por los hechos ocurridos en el mes de mayo del 2021 en Hunucmá, en agravio de una joven de 16 años e identidad reservada.
Al realizarse la audiencia de individualización de sanciones, se sentenció al acusado además de la pena privativa de la libertad, al pago de la reparación del daño, se le prohíbe acercarse de manera definitiva a la víctima y su familia, recibió una amonestación pública y se le suspendieron sus derechos políticos.
Cabe recordar que durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía General del Estado (FGE) pudo probar que los hechos ocurrieron cerca del 10 de mayo del citado año, cuando el imputado tomó de la mano a la víctima, quien es una persona con discapacidad intelectual, a la cual llevó a un cuarto en el predio donde vive en la localidad de Hunucmá, donde aprovechó para hacer tocamientos lascivos y agredirla sexualmente, por lo que fue denunciado y la carpeta de investigación correspondiente se judicializó bajo la causa penal 78/2023.
Por último, antes de concluir la diligencia y ante el acuerdo de las partes involucradas, los integrantes del Tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento dispensaron la audiencia para la lectura y explicación de la sentencia.
Dos imputados por narcomenudeo en Dzilam de Bravo
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a H. de J.D.L. y la ciudadana C.E.P., acusados de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio de los narcóticos cannabis y cocaína, denunciados tras los hechos ocurridos en días pasados en Dzilam de Bravo, cuando se ejecutaba una orden de cateo.
En la audiencia celebrada ante la Juez Segunda de Control del Primer Distrito, se declaró la legalidad en la detención y a continuación los fiscales de litigación formularon la imputación delito y argumentaron la vinculación a proceso, pero los encausados solicitaron que su situación jurídica se resuelva dentro del plazo constitucional, por lo que se citó a las partes para reanudar la audiencia el próximo 19 de noviembre.
De acuerdo con los hechos reunidos en la carpeta de investigación correspondiente a la causa penal 458/2024, el pasado día 12 de noviembre se realizó un cateo en un predio ubicado en la citada localidad, donde personal de la FGE y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP encontraron en el interior del predio varias bolsas en cuyo interior había hierba seca y sustancia granulada color blanco, las cuales al ser analizadas por los peritos de la FGE resultaron ser cannabis y cocaína.
Antes de finalizar la audiencia, esta representación social expuso los argumentos para solicitar la prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que la Juez de Control, tras valorarlo, estableció que la misma se mantendría hasta la próxima audiencia donde se resolverá la situación legal de los acusados.
Pareja a proceso por violencia familiar y encubrimiento
Acusados por los delitos de violencia familiar equiparada y encubrimiento, respectivamente y luego de la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), K.R.S.Q. y A.G.C.Q., fueron vinculados a proceso por los hechos registrados en la colonia Chuburná de Hidalgo.
Según la causa penal 159/2024, los hechos ocurrieron el 20 de agosto del presente año en un domicilio de la citada colonia, cuando el acusado -pareja de la madre del menor-, habría agredido al menor, sin que su progenitora interviniera, ignorando la situación.
Durante la audiencia en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito, en Mérida, los fiscales argumentaron la imputación, la cual fue concedida por el juez. Posteriormente, en la misma audiencia solicitaron la vinculación a proceso que fue aceptada, fijándose un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Ambos acusados deberán cumplir con diversas medidas cautelares. En el caso de K.R.S.Q., estará bajo supervisión del Centro Especializado en Medidas Cautelares (CEMC), donde deberá presentarse periódicamente a firmar; además, se le impuso una garantía económica de 50 mil pesos, la prohibición de salir del Estado y de acercarse a la víctima.
Para la madre, las medidas incluyen firmar periódicamente ante el CEMC, un aviso a las autoridades migratorias para evitar la renovación de su pasaporte y la prohibición de acercarse a su hijo, aunque se le permitirá visitas supervisadas los fines de semana.
Tras las rejas por homicidio ocurrido en centro de rehabilitación
Luego de ejecutarse una orden de aprehensión a cargo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP, J.A.R.F. fue presentado ante el Juzgado Primero de Control en donde fue imputado por el delito de homicidio calificado por los hechos ocurridos en días pasados en la localidad de Oxkutzcab.
De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación de la causa penal 94/2024, el encausado se desempeñaba como supervisor en un centro de rehabilitación ubicado en la citada localidad, cuando aprovechándose de su cargo le impuso severos castigos a la víctima, ocasionando lesiones que a la postre le provocaron la muerte por traumatismo abdominal cerrado.
En la audiencia celebrada en el Juzgado del Tercer Distrito, con sede en Tekax, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito, presentando los datos de prueba para sustentar la vinculación a proceso, pero el imputado pidió la ampliación del término constitucional para resolver su situación legal, por lo que se convocó a una audiencia que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre.
Por último, esta representación social expuso los argumentos que sustentan la prisión preventiva justificada como medida cautelar, misma que estará vigente por todo el tiempo que dure el proceso judicial.