Mérida, Yucatán, 3 de mayo de 2024.- La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó las pruebas correspondientes en contra de N.A.F.M., imputada por el delito de maltrato o crueldad hacia un animal doméstico, luego de la muerte de su mascota, al que presuntamente dejó amarrado expuesto a los rayos del sol en Umán.
En audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito con sede en Umán, los fiscales de litigación dieron a conocer a la detenida el delito por el que se le acusa, tras la realización de la necropsia por parte de médicos veterinarios forenses de la FGE, quienes señalan que la defunción del can se debió a una falla orgánica múltiple secundaria a hipertermia, programándose la audiencia de vinculación a proceso para el próximo martes.
Una vez interpuesta la denuncia sobre el caso, los especialistas de la Fiscalía iniciaron la indagatoria que derivó en la causa penal 31/2024, en la que se especifica que los hechos ocurrieron el día 12 de junio del año 2023, cuando la imputada dejó a su animal doméstico – un perro mestizo- atado por varias horas a las puertas de su domicilio en el citado municipio, lo que finalmente le causó la muerte.
La autoridad judicial determinó que la acusada deberá cumplir con diversas medidas cautelares, entre ellas portar un localizador electrónico, presentarse a firmar ante la Fiscalía Investigadora de Umán, la prohibición de salir del Estado y acercarse a los testigos del hecho, además de estar bajo vigilancia por parte de la autoridad correspondiente.
Vinculado a proceso por no pagar pensión de sus hijos
Tras ser valorados los datos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), D.J.T.P. fue vinculado a proceso por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos, denunciado por su expareja sentimental.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación expusieron los elementos de prueba reunidos en la causa penal 43/2024, los cuales fueron suficientemente probatorios para que el Juez Segundo de Control decretara el citado auto de vinculación a proceso por el delito imputado y otorgara un plazo de dos meses para continuar con la investigación complementaria.
De acuerdo con la indagatoria realizara por esta representación social, el acusado estuvo casado con la denunciante y durante ese tiempo procrearon a cuatro hijos, pero en julio del año 2019 deciden separarse y en enero del siguiente año la afectada realizó diligencias ante un Juez de lo Familiar para obtener una pensión alimenticia para sus hijos menores de edad.
En julio del año 2020, el Juez de lo Familiar sentenció al encausado a pagar el 50 por ciento de su sueldo en concepto de pensión a favor de sus hijos, lo cual se cumplió puntualmente hasta el mes de septiembre de 2021, cuando dejó de pagar dicha pensión, por lo que se procedió a interponer la denuncia penal.
Finalmente, antes de concluir la audiencia, se ratificaron las medidas cautelares de firma periódica ante el Juez de Control y la prohibición de salir del Estado sin autorización judicial, las cuales permanecerán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.
Le imputan cargos por abuso sexual y violación contra una adolescente
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a E.C.R. por los delitos de violación equiparada, abuso sexual equiparado y violación equiparada agravada, denunciados tras los hechos ocurridos en agravio de una adolescente de 13 años de edad en esta ciudad de Mérida, por lo que permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa y justificada como medida cautelar.
Tras ejecutarse una orden de aprehensión a cargo de personal de la FGE y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el acusado fue presentado ante la Juez Primera de Control, donde los fiscales de litigación formularon la imputación de los delitos y expusieron los elementos de prueba para vincularlo a proceso, pero el encausado solicitó que su situación se resolviera dentro del plazo constitucional, por lo que se citó a las partes para reanudar la audiencia el próximo seis de mayo.
Los hechos, reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 153/2024, ocurrieron entre el 11 y el 29 de noviembre del 2022, cuando el imputado ejecutó actos lascivos y le impuso la cópula a la menor en diferentes ocasiones, por lo que se presentó la formal denuncia que derivó en el presente proceso penal.
Por último, antes de concluir la diligencia, esta representación social expuso los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva oficiosa y justificada como medida cautelar, la cual fue concedida por la Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.