Progreso, Yucatán a 24 de julio de 2021 (Mis-Noticias).- Cinco de los 11 ex regidores de Progreso acusados de cohecho ofrecieron tres bienes inmuebles para reparar el daño ocasionado al erario público y de esa manera evitar ir a la cárcel, según se informa un comunicado de prensa emitido por el Tribunal Superior de Justicia.
Aunque no se mencionan los nombres de esos cinco ex funcionarios municipales, el boletín señala que esta opción de reparación de daño se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
(Mis-Noticias ha publicado que los 11 ex regidores, entre ellos, el ex alcalde José Isabel Cortés Góngora, fueron denunciados por la actual administración municipal progreseña por un millonario desfalco a las finanzas del Ayuntamiento. Un hecho comprobado es que los 11 acusados recibieron 110 mil pesos cada uno para favorecer a una empresa con un jugoso contrato de servicio de alumbrado público).
El comunicado de prensa señala lo siguiente:
“La Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en esta ciudad salvaguardó los derechos de la parte ofendida de los hechos, después de que cinco de las once personas imputadas por delito de cohecho solicitaron a esta autoridad una solución alterna para concluir el procedimiento penal.
En una audiencia realizada el día de hoy (por ayer), la defensa de las cinco personas imputadas solicitó, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso, señalando que las personas imputadas estarán bajo esta figura durante el plazo de seis meses.
La defensa expresó que en lo concerniente al plan de pago de la reparación del daño éste consistiría en una donación de tres bienes inmuebles a favor del municipio de Progreso.
En su oportunidad, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló que los imputados no han celebrado ningún acuerdo previo (requisito previsto en el Código) y solicitó que, en el marco de dicha suspensión condicional, las cinco personas sean impedidas de desempeñar un cargo público.
Por su parte, el asesor jurídico del ayuntamiento, como demandante, manifestó que no tiene ningún inconveniente en realizar el acuerdo reparatorio; sin embargo, señaló que el día de ayer fue presentada la propuesta de la defensa en cuanto a la donación de los tres bienes inmuebles a favor del Ayuntamiento de Progreso e hizo mención de que el cabildo es quien deberá determinar si acepta o no la propuesta.
Ante lo manifestado por las partes, la Jueza Garrido Colonia determinó que hasta este momento no puede pronunciarse en cuanto a la aprobación o no de la suspensión condicional del proceso, dado que la parte ofendida no ha aceptado la propuesta de plan de reparación del daño y es el cabildo quien debe determinar si acepta o no los tres bienes inmuebles ofrecidos por las cinco personas imputadas.
La Jueza de Control solicitó al asesor jurídico, representante de la parte ofendida, que cuando tenga la información del cabildo sobre si acepta o no la propuesta, le sea notificada a la Fiscalía Especializada, defensa y al Juzgado para que, en su caso, se fije fecha y hora para la audiencia de solicitud de suspensión condicional del proceso”.