Mérida, 15 de febrero de 2022.- Acusado del delito de robo calificado cometido con violencia y en pandilla, J.A.R.Ch. fue vinculado a proceso tras valorarse los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por los hechos ocurridos en días pasados en la localidad de Chicxulub Puerto, Progreso, razón por la cual el encausado permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar.
Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial con sede en Progreso, la autoridad judicial decretó la legalidad en la detención del acusado y a continuación los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y presentaron los datos de prueba para solicitar se definiera la situación legal del imputado, quien estuvo de acuerdo en resolver su condición jurídica en la misma audiencia, por lo que el Juez de Control valoró los datos presentados por esta representación social y decretó el citado auto de vinculación a proceso, otorgando además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
En la diligencia judicial, los fiscales de litigación establecieron que los hechos ocurrieron el pasado 12 de febrero en un predio de la calle 25 de la citada localidad, a donde ingresó el imputado y haciendo uso de la violencia física y moral se apoderó de dinero en efectivo y algunas alhajas de las víctimas, para después darse a la fuga, pero fue detenido momentos después y trasladado a la Fiscalía donde se inició la carpeta de investigación correspondiente, la cual derivó en la causa penal 19/2022.
Por último, se presentaron los argumentos para sustentar la petición de la prisión preventiva como medida cautelar, la cual fue concedida de manera oficiosa por la Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que el acusado permanecerá privado de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.
Imputados por narcomenudeo, tras dos cateos en Mérida
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a F.J.R.M., N.L.E.M. y S.C.C.Ch. por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de comercio, quienes fueron detenidos en un operativo en conjunto de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego que el Juez de Control emitiera una orden de cateo en el fraccionamiento Juan Pablo II y otro en la colonia Mulsay, donde se les halló en posesión de cannabis y metanfetaminas.
De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación de la causa penal 43/2022, tras una denuncia anónima realizada al 089, el Juez emitió una orden de cateo a los citados predios, por lo que se realizó un operativo en conjunto que derivó en la detención de los encausados en posesión de los narcóticos.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en el Centro de Justicia Oral de Mérida, se decretó la legalidad en la detención y los fiscales de litigación formularon la imputación del delito señalado, presentando después los datos de prueba para sustentar la solicitud de vinculación a proceso, pero los imputados pidieron la ampliación del término constitucional para resolver sobre su situación legal, por lo que se convocó a las partes involucradas para el próximo 18bde febrero.
Por último, esta representación social expuso los argumentos que sustentan la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue concedida por la autoridad judicial y estará vigente durante el tiempo que dure el proceso.
Imputada por despojo de bien inmueble en Progreso
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a la ciudadana J.C.G.C. por el delito de despojo de bien inmueble, denunciado tras los hechos ocurridos en el mes de marzo del año 2020 en el fraccionamiento Campestre Flamboyanes, del puerto de Progreso, al invadir unos terrenos propiedad de la denunciante.
De acuerdo con la indagatoria realizada por los especialistas de la Fiscalía, la querellante es propietaria de unos inmuebles ubicados entre los kilómetros 26 y 29 de la carretera Mérida-Progreso, mismos que entregó a una empresa inmobiliaria para realizar su promoción y venta, pero el 17 de marzo del año señalado, unos trabajadores de la inmobiliaria se presentaron al lugar para limpiar los terrenos, pero fueron sacados de forma violenta del lugar por la imputada y otras personas que se encuentran bajo investigación, por lo que desde ese día y hasta la fecha, no se ha podido comercializar los inmuebles, provocando un daño a la querellante, por lo que se inició la carpeta de investigación, misma que derivó en la causa penal 18/2020.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Tercero de Control, con sede en Progreso, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y presentaron los datos de prueba para pedir se resolviera la situación legal de la acusada, quien solicitó la duplicidad del término legal para definir su condición jurídica, por lo que la Juez de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 18 de febrero.
Antes de dar por concluida la diligencia judicial, esta representación social solicitó la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez de Control estableció que la imputada deberá acudir periódicamente a firmar, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y no debe acercarse a la denunciante y testigos, por todo el tiempo que dure el proceso.