Mérida, Yucatán, 19 de junio de 2024.- Tras ser encontrado penalmente responsable en un Juicio Oral por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, L.A.E.C. fue sentenciado a dos años de prisión y el pago de 90 días de multa, por dejar de proporcionar pensión alimenticia a favor de sus cuatro hijos menores de edad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales que fueron revisadas por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, quienes otorgaron un fallo condenatorio por unanimidad de votos y sentenciaron al acusado además de la pena de prisión, al pago de la reparación del daño por 352,553 pesos.
Además, le fueron suspendidos sus derechos políticos, recibió una amonestación pública, tiene prohibido acercarse a la denunciante en un periodo de tres años una vez que cumpla con la sentencia y será inscrito al Registro de Deudores Alimentarios del Estado.
Cabe recordar que durante la etapa inicial del proceso, la carpeta de investigación se desahogó bajo la causa penal 246/2021 ante el Juez Primero de Control, donde esta representación social estableció que el sentenciado y la denunciante contrajeron matrimonio en 2006 y procrearon cuatro hijos.
Es el caso que desde junio del año 2013, L.A.E.C. ha omitido proporcionar pensión alimenticia a los menores, esto pese a que en noviembre de 2017 un Juez Familiar le ordenó pagar un monto de 2,800 pesos mensuales.
Antes de concluir la diligencia, se convocó a las partes para reunirse el próximo 24 de junio para realizar la audiencia de lectura y explicación de sentencia.
Sentenciado a prisión por robo calificado
En un procedimiento de juicio abreviado J.S.L. fue declarado penalmente responsable del delito de robo calificado y sentenciado a un año y seis meses de prisión, además de 20 días de multa, por los hechos ocurridos en octubre del 2023, en la colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán.
La Fiscalía General del Estado (FGE), tras contar con la anuencia de las partes, expuso los datos y elementos de prueba ante el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial quien otorgó el fallo condenatorio por el delito imputado y otorgó, además de la pena de prisión, el pago de la reparación del daño.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la autoridad judicial sentenció al acusado a recibir amonestación pública, se le suspendieron sus derechos políticos y se le prohibió acercarse al lugar de los hechos por el término de tres años después de compurgar la pena de prisión.
La causa penal 354/2023 señala que el 12 de octubre del año pasado, el sentenciado ingresó sin consentimiento a la biblioteca de una institución educativa ubicada en el centro en donde rompió un panel de cristal para ingresar y se apoderó de un bulto negro y un proyector marca Epson, hecho por el que fue detenido por elementos policiados.
Por último, antes de concluir la diligencia judicial, la defensa solicitó la dispensa de la lectura, por lo que quedan en firme las penas mencionadas.
Vinculado por abusar de una menor en Juan Pablo II
Acusado del delito de abuso sexual equiparado agravado (2), ocurrido en el fraccionamiento Juan Pablo II de esta ciudad, G.A.K.Ch. fue vinculado a proceso tras valorarse los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron entre agosto de 2019 y agosto del 2021 en un predio ubicado en el citado fraccionamiento, donde el encausado ejecutó actos lascivos en agravio de la víctima que en ese tiempo tenía una edad menor a 15 años, por lo que fue detenido y turnado a la Fiscalía donde se integró la carpeta que derivó en la causa penal 192/ 2024.
Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito, los fiscales de litigación tras formular la imputación del delito presentaron los datos de prueba para resolver sobre la situación legal del imputado, quien estuvo de acuerdo en definir su condición jurídica, por lo que la autoridad judicial valoró los datos presentados y decretó el auto de vinculación a proceso del imputado.
Antes de concluir con la diligencia judicial, esta representación social expuso los argumentos para solicitar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que el Juez de Control, después de valorarlos, otorgó la medida por todo el tiempo que dure el proceso y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
