Mérida, Yucatán, 2 de enero de 2024.- Después de valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), L.F.M.R. fue vinculada a proceso por el delito de robo calificado cometido con violencia, denunciado tras los hechos ocurridos en días pasados en la colonia Amalia Solórzano II, en Kanasín.
En la audiencia celebrada en el Juzgado de Control del Segundo Distrito, los fiscales de litigación aportaron los datos que obran en la carpeta de investigación de la causa penal 193/2023, para formular la imputación del delito y posteriormente solicitar su vinculación a proceso.
Por su parte, la autoridad judicial resolvió que había elementos suficientes para señalar la posible responsabilidad de la imputada en el delito acusado por lo que decretó el citado auto de vinculación y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
En tanto, la indiciada deberá presentarse de manera periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, tiene prohibido salir del Estado, acercarse a la víctima y a su domicilio, además que estará al cuidado y vigilancia del mismo Centro. Todas estas medidas estarán vigente por el tiempo que dure el proceso.
De los hechos, reunidos durante la investigación, se estableció que ocurrieron el pasado 28 de diciembre, cuando la encausada ingresó a un hotel ubicado en la citada colonia y sin derecho ni consentimiento se apoderó de dinero en efectivo producto de las ganancias del comercio.
Imputado por robo y daño en propiedad ajena en la Serapio Rendón III
Por los delitos de robo relacionado con vehículo automotor y daño en propiedad ajena cometido contra institución pública, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.M.V.L., denunciado tras los hechos ocurridos en esta ciudad de Mérida, por lo que permanecerá en prisión preventiva en lo que se resuelve su condición jurídica.
Tras la denuncia, se inició con la indagatoria donde los especialistas de la Fiscalía establecieron que los hechos ocurrieron el pasado 28 de diciembre, cuando el encausado se apoderó de una motocicleta marca Italika propiedad del denunciante, misma que se encontraba estacionada en calles del fraccionamiento Serapio Rendón III.
Al percatarse del ilícito, el denunciante solicitó la intervención de elementos policiacos, quienes interceptaron al acusado cuando arrastraba la motocicleta por la vía pública, por lo que al solicitarle que se detuviera arrojó piedras que se impactaron en la unidad policial provocando daños al vehículo, por lo que se presentó la formal denuncia que derivó en la causa penal 436/2023.
En la audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito, con sede en Mérida, el Juez de Control decretó la legalidad en la detención y a continuación esta representación social formuló la imputación y presentó los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso de J.M.V.L., quien solicitó la duplicada del término constitucional para definir su condición legal, por lo que el Juez fijó que la audiencia continúe el próximo cuatro de enero.
Antes de concluir la diligencia judicial, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para solicitar como medida la prisión preventiva, misma que fue concedida de manera justificada por un mes.
Resuelven situación legal de acusado por violación de menor
Acusado de agredir sexualmente a una menor de edad e identidad reservada, J.M.C.R. fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada agravada, tras valorarse los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los hechos ocurridos en la colonia Serapio Rendón de esta ciudad de Mérida.
El Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial escuchó a los fiscales de litigación exponer los datos y elementos de prueba reunidos en la causa penal 410/2023, los cuales consideró como suficientemente probatorios para dictar el citado auto de vinculación a proceso y otorgar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe recordar que durante la audiencia inicial, esta representación social estableció que, de acuerdo con la indagatoria realizada, entre abril del 2012 y abril del 2014, el imputado agredió sexualmente a la menor, cuando ésta contaba entre cinco y seis años de edad, aprovechando la confianza depositada en él por ser pareja sentimental de la madre de la menor.
Una vez resuelta la situación legal del acusado, fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que se mantendrá vigente por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que el acusado permanecerá privado de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.
