Mérida, Yucatán, 26 de febrero de 2024.- Acusado de ejecutar actos abusivos en agravio de su esposa, M.I.C.E. fue imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de violencia familiar y violación a las órdenes y medidas de protección, denunciados tras los hechos ocurridos la semana pasada en la localidad de Conkal, por lo que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En la audiencia celebrada ante la Juez Primera de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación formularon la imputación de los delitos incluidos en la causa penal 67/2024 y a continuación argumentaron la vinculación a proceso del acusado, quien solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que la Juez de Control citó a las partes para reanudar la audiencia el próximo 28 de febrero.
De los hechos, reunidos en la carpeta de investigación, se establece que ocurrieron el pasado 21 de febrero, cuando el imputado se apersonó a las puertas del domicilio de su cónyuge en el fraccionamiento San Francisco de Asís y ejecutó violencia verbal y psicológica, por lo que violó las órdenes de protección que le habían sido informadas previamente, para que no se acercara a la denunciante, ni al domicilio, por lo que fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Conkal y fue turnado a la cárcel pública.
Sentenciado a prisión en juicio abreviado por violencia familiar
Tras contar con la anuencia de ambas partes, se celebró un procedimiento de juicio abreviado, donde R.H.D. fue declarado penalmente responsable del delito de violencia familiar y sentenciado a tres años de prisión por los hechos ocurridos el mes de abril pasado en agravio de su ex pareja sentimental, en calles de la colonia Emilio Portes Gil de esta ciudad.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas suficientes, para que el acusado fuera sentenciado, además de la pena de prisión, al pago de la reparación del daño, a recibir amonestación pública y se le prohíbe acercarse a la víctima por tres años más después de compurgar su pena en prisión.
Cabe recordar que durante la etapa inicial del proceso, esta representación social realizó la indagatoria pertinente de la causa penal 123/2023, misma que permitió establecer que los hechos ocurrieron el siete de abril del año pasado en la vía pública en la colonia Emilio Portes Gil, donde el acusado agredió de forma física, psicológica y patrimonial a la denunciante, con quien sostuvo una relación, pero se habían separado y el encausado le pedía que volvieran a estar juntos. Ante la negativa de la afectada, el imputado la sujetó de un brazo, además de amenazarla verbalmente y dañar su teléfono celular.
Dos imputados por narcomenudeo
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a E.C.E.O. y R.O.S.C. por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de suministro del narcótico denominado cocaína, por los hechos ocurridos la semana pasada en la vía Campeche-Mérida.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Umán, la Juez de Control del Cuarto Distrito declaró la legalidad en la detención y a continuación los fiscales de litigación formularon la imputación del delito de la causa penal 15/2024, para después argumentar la vinculación a proceso de los encausados, quienes solicitaron que su situación se resolviera dentro del plazo constitucional, por lo que se citó a las partes para reanudar la audiencia el próximo 28 de febrero.
De los hechos, reunidos por los especialistas de la Fiscalía, ocurrieron el pasado 20 de febrero, cuando los imputados se encontraban en el kilómetro 100 + 000, de la citada vía, donde fueron sorprendidos en poder de varias bolsas pequeñas con el narcótico denominado cocaína, por lo que fueron detenidos.
Por último, se solicitó la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez de Control, tras valorar los argumentos expuestos por esta representación social, estableció que los imputados deberán acudir periódicamente a firmar, tienen prohibido salir del Estado sin autorización judicial y deben someterse al cuidado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, las cuales permanecerán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.