La formación continua, el fortalecimiento de las capacidades del personal y una cultura institucional basada en la integridad y la responsabilidad son los ejes fundamentales sobre los cuales el Poder Judicial del Estado trabaja para consolidar un servicio de justicia eficiente, humano y confiable.
Como parte del Informe Anual de Actividades 2025 que rindió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, se indicó que durante este período se impulsaron programas de capacitación continua, especialización y desarrollo de carrera judicial, dirigidos a fortalecer las competencias de los servidores públicos, al tiempo que se promovió una cultura de ética, integridad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Entre las acciones formativas destaca el curso “Inteligencia emocional y cultura de la salud mental, para entornos saludables en el trabajo”, dirigido al personal de los juzgados civiles, bajo la premisa de que quienes tienen contacto cotidiano con personas que atraviesan situaciones familiares, patrimoniales o personales complejas también requieren herramientas para atenderlas con sensibilidad, profesionalismo y respeto.
Asimismo, para fortalecer la implementación del nuevo modelo de solución de controversias y la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se desarrolló un programa integral de capacitación especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias, arbitraje y justicia restaurativa.
Este proceso involucró a un equipo interdisciplinario integrado por jueces, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales y demás servidores públicos, con el objetivo de generar capacidades comunes y fortalecer una visión de justicia que privilegie, cuando sea jurídicamente procedente, el diálogo, la mediación y la construcción de acuerdos.
En materia familiar, esta preparación adquiere especial relevancia, pues implica avanzar hacia modelos que permitan a las personas resolver sus diferencias mediante el diálogo y la reconciliación, particularmente cuando están involucrados niñas, niños y adolescentes.
La profesionalización también se hizo extensiva a los Jueces de Paz, quienes representan, en muchas comunidades, el primer contacto de la ciudadanía con la justicia. Durante el período se les brindó capacitación en mediación, protección de derechos humanos, atención a personas en situación de vulnerabilidad, igualdad y perspectiva de género, fortaleciendo las herramientas con las que desempeñan su función.
Asimismo, se reforzaron las capacidades de quienes intervienen en procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes. Profesionales de psicología del Poder Judicial participaron en la acreditación “Entrenamiento en Entrevista Especializada Centrada en Niñez y Adolescencia”, orientada a garantizar que las entrevistas se desarrollen bajo criterios especializados que eviten la revictimización y protejan el interés superior de la niñez.
A esta estrategia se sumó el Diplomado “Intervención Especializada en la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en contacto con el Sistema de Justicia”, en el que participaron 258 servidores públicos del Poder Judicial, la Ceeav, Prodennay, Indepey, Fiscalía General del Estado, Uniprev, Instituto de las Mujeres del Ayuntamiento de Mérida y Univict de la UADY.
La profesionalización del personal judicial requiere también de una institución que supervise, evalúe y exija el cumplimiento de las responsabilidades inherentes al servicio público. Bajo esta visión, la disciplina no se concibe únicamente como un mecanismo correctivo, sino como parte de una cultura institucional sustentada en la legalidad, la integridad, la rendición de cuentas y el compromiso con quienes acuden al Poder Judicial en busca de justicia.
Como parte del fortalecimiento de la estructura institucional, durante el año 2025 se promovió una estrategia progresiva de regularización laboral orientada a brindar certeza jurídica, estabilidad económica y reconocimiento institucional al personal judicial. Se realizaron visitas y recorridos a las Salas que integran el Tribunal Superior de Justicia y a los Juzgados de primera instancia, con el propósito de conocer directamente las condiciones de infraestructura, servicios y trabajo en las distintas áreas.
Este acercamiento permanente con la base trabajadora permitió identificar necesidades y fortalecer el vínculo institucional, refrendando el compromiso de garantizar condiciones dignas, respeto a los derechos laborales y un entorno adecuado para el desempeño de las funciones judiciales.
La transformación del Poder Judicial requiere servidores públicos preparados, instituciones que vigilen el cumplimiento de sus responsabilidades y una disciplina sustentada en la ética y el respeto a la ley. Profesionalizar, supervisar y fortalecer la conducta institucional significa también fortalecer la confianza de la sociedad en la justicia.
