Mérida, 28 de septiembre de 2022.- Al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) le salió caro el despido que hace 8 años hizo de José Luis Alvarado, pues ahora tendrá que acatar un laudo laboral y pagar más de 4.5 millones de pesos al ex titular de Servicios General del órgano electoral.
José Luis Alvarado consideró en su momento que su despido fue injustificado y pese a que buscó negociar con la entonces consejera presidenta del Iepac, María Lourdes Rosas Moya, ésta mostró cerrazón y mantuvo firme su postura, decisión que después de 8 años costará a los ciudadanos que pagan impuestos más de 4.5 millones de pesos.
A través de un comunicado de prensa, el Iepac informó lo siguiente:
El Iepac aprobó esta tarde por unanimidad de votos adecuar el presupuesto de egresos para dar cumplimiento al pago de la obligación laboral adquirida a través de la resolución emitida en el juicio reclamatorio laboral 231/2014, por un monto total de cuatro millones 546 mil 194.24 pesos.
En sesión extraordinaria, llevada a cabo en la Sala de Sesiones del Instituto, se aprobó realizar transferencias entre partidas del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año en curso, así como dejar sin efecto cualquier otro acto que no se hubiera realizado en cumplimiento del Acuerdo C.G. 013/2020, para reasignar un millón seis mil 494.30 pesos, al pago de la mencionada obligación laboral.
El Consejero Presidente del IEPAC Yucatán, Moisés Bates Aguilar, explicó que el laudo fue un tema que inició hace aproximadamente siete años y correspondió al Consejo actual acatar la resolución de la autoridad competente al respecto.
Prácticamente teníamos un millón reservado por la administración anterior para apoyar un tema de Covid, dijo, se han incorporado a esta suma algunos intereses que se generaron de ese resguardo, se han hecho adecuaciones presupuestales en las diferentes áreas operativas del Instituto a efecto
de poder cumplir con este mandato legal y estamos listos para acatar los acuerdos que dicten otras autoridades, afirmó.
Consejeras y Consejeros Electorales coincidieron en que, si bien el cumplimiento de la resolución laboral implicó ajustes en materia de recursos para la Institución, se llevó a cabo cuidando la operatividad del Instituto, con el compromiso de todas las áreas que integran este órgano electoral.