Granjeros clandestinos son los que exigen en juzgados el cierre de la granja Kancabchén, que opera en el marco legal y sanitario
Mérida, 1 de agosto de 2022 (Mis-Noticias).- El colmo del cinismo entre quienes se asumen como “ambientalistas” de Sitilpech quedó al descubierto en el expediente de demanda de amparo presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Mixta, ya que aparecen como promoventes de la queja Mario Pech Moo y Jesús Ariel Uc Ortega, ambos propietarios y operadores de dos granjas clandestinas de cerdos en la propia comisaría.
Aunque parezca increíble, quienes se oponen al funcionamiento de la granja de Kancabchén en Sitilpech y han emprendido marchas, protestas y demás movilizaciones para su cierre, están vinculados con actividades porcícolas y el colmo del cinismo es que hasta poseen granjas donde crían cochinos y otros animales, pero en la clandestinidad y sin cumplir con las normas sanitarias establecidas por las autoridades del ramo.
Dos de estos falsos defensores del medio ambiente en Sitilpech son Mario Jesús Pech Moo y Jesús Ariel Uc Ortega, pues según vecinos ajenos al movimiento ambientalista, el primero posee un criadero ubicado a 900 metros del centro de la población, y el segundo, mantiene desde hace años una granja que funciona a escasos 400 metros de la plaza y a 200 del Centro de Salud.
Las pruebas
En la demanda de amparo presentada el pasado 25 de mayo de 2021 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Mixta de Mérida, bajo el expediente JA/887/221-IV, aparece como principal quejoso nada menos que Mario Jesús Pech Moo.
Entre los 136 firmantes que acompañan el expediente de la demanda está la rúbrica de Jesús Ariel Uc Ortega, conocido en la comisaría con el alias de “El Plomo” y propietario de la granja de cochinos que opera a escasas cuatro esquinas de la plaza de Sitilpech.
Ambos personajes forman parte del grupo de “defensores del medio ambiente” que se han sumado a las agrupaciones Kanan e Indignación solicitando el cierre de la granja Kancabchén, la cual opera en aparcería con Kekén y se encuentra a dos kilómetros y medio del centro del poblado.
Quedan entonces las preguntas al aire:
¿Qué intereses mueven a estos dos “ambientalistas” (y demás socios) para exigir el cierre de una granja que opera en el marco legal y sanitario?
¿Qué calidad moral pueden tener dos granjeros (ambos llevan el nombre de Jesús!) que rechazan el cierre de una granja establecida cuando ellos tienen en propiedad criaderos clandestinos?
