Pedirán a INE que solicite a SSP investigar el material de las cámaras de vigilancia
Mérida, Yucatán, jueves 11 de abril de 2024.- La guerra sucia continúa, pues en menos de tres semanas ya son dos los daños causados a la propaganda electoral del candidato a senador por la 4T, Jorge Carlos Ramírez Marín, en esta ocasión, en el fraccionamiento Yucalpetén.
Por tal motivo, ayer se interpuso la respectiva denuncia penal, ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), contra quien resulte responsable.
Incluso, en breve se solicitará la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) para pedir a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el análisis de las cámaras de vigilancia ante la presunción de un delito electoral reiterado en Yucatán.
En esta ocasión, el hecho se registró en una barda de la calle 67 C con avenida Mérida 2000 del fraccionamiento Yucalpetén.
Ramírez Marín explicó que se trata de dos propagandas pegadas en un muro, las cuales fueron semidesprendidas, por lo que es evidente el dolo cometido.
Con la ayuda de las cámaras de vigilancia se sabrá quien o quienes dañaron la publicidad, para luego proceder conforme a derecho, por ello es importante la intervención del INE, subrayó.
Comentó que ya son varios los ataque contra candidatos de la 4T, tanto en su contra como en desagravio del candidato a gobernador, Joaquín Díaz Mena como de la aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Señaló que el primer atropello en su contra lo dio a conocer el pasado 24 de marzo, hecho ocurrido en un espectacular de la carretera Mérida-Motul, incidente que también fue denunciado ante la FGE.
Finalmente, recordó que hace tres años denunciaron el robo de una lona que estaba en las puertas de su casa, y contra nadie se procedió a pesar de las pruebas presentadas, entre ellas los videos de la persona que realizaba el delito electoral.
De acuerdo con los testigos, el presunto implicado era un guardaparque del Ayuntamiento de Mérida, pero “la autoridad electoral nunca lo investigó y el delito electoral se mantuvo impune”.