Es posible que al ciudadano de la calle se le haya olvidado el “juicio a los expresidentes”, agobiado como casi todos los mexicanos, por la crisis sanitaria que ha provocado el fallecimiento de más de 171 mil personas en México (al pasado jueves 11), así como por la tardanza en la aplicación de las vacunas. Sin embargo, la consulta para tal finalidad continúa en proceso.
El INE informó que “estudia ocupar sus casi 900 módulos de atención ciudadana para la credencial con fotografía como centros de votación para la consulta popular que deberá realizarse en agosto, ante la falta de presupuesto para instalar más de 160 mil casillas en todo el país” (Excélsior, 12 febrero 2021).
La autoridad electoral nacional había solicitado la cantidad de 1,500 millones de pesos para el efecto, pero el Congreso federal no le asignó ningún recursos presupuestal. Ha solicitado una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero aún no hay respuesta ejecutiva.
Recuérdese que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la pregunta presidencial propuesta. El Ejecutivo federal quería una respuesta positiva a su pregunta:
– “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Al final, los ministros de la Corte no la aceptaron, y formularon otra que, inicialmente, fue tachada de “trabalenguas”, y que posiblemente sea materia de interpretación y análisis por lingüistas y uno que otro psiquiatra, para dilucidar el cuestionamiento.
La pregunta, ininteligible, para la consulta, es la siguiente:
– “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La consulta popular tendrá verificativo el próximo domingo 1 de agosto en un horario entre 08:00 y las 18:00 horas, a cargo del INE.
Antes, el domingo 6 de junio tendrá lugar la jornada electoral 2021 para que en el estado se elija a 25 diputados al Congreso de la Unión y a regidores de los 106 ayuntamientos yucatecos. Se votará además por diputados para integrar la Cámara baja del Congreso de la Unión. Las campañas en la entidad serán del 22 al 29 de marzo.
Habrá entretenimiento electoral para los siguientes casi cuatro meses. Luego se verá la consulta popular promovida por el gobierno de la 4T.
En Yucatán
Todo parece indicar que los yucatecos tampoco tienen el asunto entre sus prioridades cotidianas. Los partidos están envueltos en sus militancias, maltrechas en unos casos, ficticias en otros, con renuncias un día sí y el otro también, y buscando la captura de “famosos” para ofrecer sus candidaturas a diputados o regidores en el estado. Los políticos brincando de un partido a otro, preocupados, quizá, porque “vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”, como acuñó César Garizurieta, alias “El Tlacuache”.
Ni los partidos ni sus políticos se han pronunciado por la consulta del juicio a los ex presidentes.
El interés político social mayoritario se ha centrado en las candidaturas partidarias para la elección de alcalde de Mérida, considerado, éste, como la segunda figura política del estado, después del gobernador.
A la fecha, no obstante que participarán once partidos políticos, ya registrados por el Iepac, la atención está en las dos formaciones políticas que han ejercido el cargo de presidente municipal Merida: PAN y PRI. Los otros nueve apenas generan alguna inquietud social. Sigue dominando el bipartidismo en el quehacer político-partidario de los yucatecos, hasta ahora.
El PAN pretende lograr que el alcalde de hoy, Renán Barrera Concha, lo sea por tercera ocasión. Ya se ha registrado conforme a sus procesos internos. Lo que sigue, según se ha reportado, es la designación de los integrantes de la planilla que encabezará Barrera Concha.
Por el lado del PRI presentó al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que siempre ha deseado la candidatura a gobernador del estado. Lo reiteró en diciembre último: “Yo quiero ser gobernador”. Así que ahora será el candidato priista a Mérida. Algunos considera que si llega a triunfar, sería un excelente impulso para su principal objetivo político, en caso contrario, sería su “tumba política”.
Otro asunto que desmerece la atención social es la falta de recursos del Iepac para la realización exitosa del proceso electoral en marcha. Ha afirmado que no le alcanzará su presupuesto para “cubrir los gastos de la organización del proceso electoral”, y que pedirá “una ampliación presupuestal”.
El presupuesto de egresos estatales 2021 le asignó la cantidad de 360 millones de pesos. Pretendía 424 millones 385 mil 946.66 pesos, que fue objeto de rechazo del Ejecutivo y de los legisladores yucatecos.
Al igual que la consulta popular, los recursos para el Iepac no dominan el quehacer mayoritario de los yucatecos.