Ixil, 13 de septiembre de 2021 (Mis-Noticias).-Ejidatarios de Ixil y familiares denunciaron que el empresario Alejandro Escoffié Gamboa, con la complicidad del comisario ejidal de esta comunidad, Isidro Navarro Chin, ha emprendido una campaña de intimidación y amenazas contra quienes aprobaron en 2019 la anulación de un poder que le permitía vender ilegalmente y a su antojo 4 mil 700 hectáreas de terrenos del municipio.
Ante esta nueva arremetida del voraz empresario y sus secuaces, los ejidatarios amenazados, la mayoría adultos mayores, se agruparán para presentar una denuncia penal contra el comisario y demás testaferros de Escoffié Gamboa, quienes de nueva cuenta pretenden desestabilizar y romper la tranquilidad de la población.
Durante una reunión informativa del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, realizada en esta comunidad, a la que asistió el académico activista y ambientalista, Sergio Oseransky, varias esposas, hijos y familiares de ejidatarios denunciaron que el propio comisario Isidro Navarro, alias “Karki”, ha acudido en los últimos días hasta las casas de los ancianos para amenazarlos e intimidarlos de que si no se desisten de la votación de la asamblea de febrero de 2019 “se van a ir a la cárcel y a tener que pagar mucho dinero por lo que le hicieron a don Alejandro Escoffié”.
Los familiares de los ejidatarios manifestaron que no es justo que el comisario y socios amenacen a sus papás, esposos o abuelos, ya que son gente indefensa y muchos de ellos no tienen nada que ver con el tema, por lo que concretarán en los siguientes días el acuerdo para denunciar penalmente al comisario y demás acosadores.
Hay que recordar que en febrero de 2019 la mayoría de los ejidatarios votaron por la anulación de una asamblea de cuatro años atrás (2014), en la que se había firmado bajo artimañas y engaños a ejidatarios una carta poder a favor de Escoffié Gamboa, en la que se le permitía parcelar tierras y “privatizarlas” (venderlas) sin conocimiento de los dueños legítimos.
Con ese “poder” y con la complicidad de dos ex comisarios ejidales (a quienes Escoffié le entregó grandes sumas de dinero, según acusan otros campesinos), el especulador logró vender más de 4 mil hectáreas del ejido de Ixil a personas de Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Tabasco, Sinaloa y hasta de Estados Unidos, a precios de hasta 800 mil pesos la hectárea.
Para aparentar que todo fue un proceso legal se simularon asambleas y se falsificaron firmas de ejidatarios, y en otras ocasiones se aprovecharon de la necesidad económica de ellos, o bien les pagaron sus borracheras y les dieron unos pesos a cambio de sus firmas, de tal manera que pareciera que los ejidatarios avalaron que personas foráneas estuvieran en calidad de avecindados, como aparecen en actas, lo que a todas luces es ilegal. Triste y lamentablemente para estas ilegalidades se contó también con la complicidad de notarios corruptos, como el caso de Hernán Cetina Lizarraga, quien avaló la asamblea ilegal del 2014.
Sin embargo, luego de la asamblea del 2019 en la que se anuló la del 2014, un grupo de ejidatarios apoyados por organizaciones defensoras de tierras interpusieron una demanda ante las autoridades agrarias para que el efecto legal estuviera firme y no se tocara ni un centímetro de las tierras del ejido, es decir, evitar que se consumara el robo del voraz empresario y sus cómplices.
Como era de esperarse, Escoffié y socios vieron que su mina de oro se cerraba e intentaron contrarrestar el proceso legal, a la par de poner en práctica las acciones sucias de intimidación y amenazas.
También hay que subrayar que para poder acaparar las extensas superficies, Escoffié contaba con la complicidad no solo de los comisarios en turno, sino también de visitadores agrarios y de los propios funcionarios de las dependencias agrarias.
No obstante, a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y el cambio de delegados y las firmes intenciones de combate a la corrupción, se generaron cambios en todas las dependencias del ramo, entre ellas, en la Procuraduría Agraria, al ser nombrado Alfredo Ramírez Gómez, quien vigiló el cumplimiento de la Ley en el caso de Ixil, pues de hecho asistió en la asamblea del febrero de 2019, donde se anuló la del 2014.
Pero los intereses económicos en juego son tan poderosos que los especuladores iniciaron una campaña de desprestigio y mentiras en contra del Procurador, logrando que lo sustituyeran en los meses siguientes.
Actualmente la delegada de la Procuraduría Agraria es Rita Chuil, en quien los ejidatarios defensores de sus tierras le tienen depositada la confianza y esperan que el poder del dinero no la corrompa y vele por el cumplimiento pleno de la ley.
En la reunión de ayer encabezada por el ex comisario Luis David Quijano Pool y los activistas Neftalí Quijano Moguel y Cecilio Cisneros, se denunció asimismo que es tan grande la desesperación de Escoffié Gamboa, que ha contratado como su abogado a Rafael Acosta Solís, a quien los campesinos lo consideraron depredador de tierras igual o peor que el propio Escoffié.
Pidieron a los ejidatarios no tener temor a las amenazas e intimidaciones, ya que es muestra de la desesperación de los voraces especuladores y sus cómplices, pues saben que la ley no les favorecerá porque todo lo que han hecho ha sido fuera de la ley.
De igual forma los exhortaron a que tengan confianza en la ley y que nadie los va a meter a la cárcel, sino al contrario, los que tienen más probabilidades de pisar la cárcel son los comisarios corruptos, el empresario y demás socios.
Insistieron en defender las tierras porque es el único y preciado patrimonio que le pueden dejar a sus hijos y descendientes.
Finalmente comentaron que el comisario protector de Escoffié Gamboa ha convocado a una asamblea el próximo viernes para insistir en sus intimidaciones y engaños a fin de buscar que los campesinos se desistan de su voto que anuló los poderes que ilegalmente se le había dado al depredador empresario, quien ha insistido en que es el dueño de prácticamente todo el ejido de Ixil.
Agregaron que esa asamblea no tendrá ninguna validez legal debido a que no está avalada por la Procuraduría Agraria.