Mérida, Yucatán, 23 de mayo de 2023.- En un procedimiento de juicio abreviado, M.D.B.N. fue señalado como penalmente responsable del delito de violencia familiar agravada y fue sentenciado a tres años de prisión por agredir a su esposa en la colonia Emiliano Zapata Sur III, de esta ciudad de Mérida.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos de prueba reunidos en la causa penal 330/2022 y tras contar con la anuencia de las partes involucradas, se celebró el presente procedimiento abreviado, donde el Juez Primero de Control analizó los datos aportados por los fiscales y otorgó el fallo condenatorio al comprobarse la responsabilidad penal del acusado en los hechos denunciados.
Cabe precisar que los fiscales de litigación establecieron que los hechos ocurrieron el ocho de octubre del 2022, cuando el imputado agredió física y psicológicamente a su esposa, quien era víctima de estos actos desde el año 2020.
En el desarrollo de la audiencia, se sentenció al acusado, además de a la pena de prisión, a recibir amonestación pública, se le suspendieron sus derechos políticos y se le prohibió acercarse a la víctima una vez cumplida su pena privativa de la libertad.
En la misma diligencia, la víctima se dio por reparada del daño y se renunció a la lectura de la sentencia, por lo que quedan en firme la sentencia y penas señaladas.
Imputado por no cumplir con la manutención de sus hijos
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.A.C.M. por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, denunciado tras dejar de proporcionar dinero para la manutención de sus hijos menores de edad.
En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Umán, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y expusieron los argumentos para resolver sobre la situación legal del acusado, quien solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la Juez Primera de Control del Cuarto Distrito estableció que la audiencia se reanude el próximo 24 de mayo.
Tras la denuncia interpuesta, los especialistas de la Fiscalía comenzaron con la indagatoria, de la cual se desprende que el imputado y la querellante vivieron en unión libre y procrearon cuatro hijos, pero en abril del 2019 se separaron y el acusado dejó de proporcionar la cantidad de 800 pesos semanales, para la alimentación de los menores, por lo que se presentó la denuncia correspondiente y se comenzó la integración de la carpeta de investigación, la cual derivó en la causa penal 37/2023.
Por último, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, los cuales fueron analizados por la autoridad judicial, quien estableció que el imputado deberá portar un localizador electrónico, acudir a firmar ante la agencia de Maxcanú, no podrá salir del Estado sin autorización judicial y estará bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, por todo el tiempo que dure el proceso.
