Mérida, 11 de mayo de 2022.- Después de valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), C.G.B., F.J.V.V. y J.L.G. fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado cometido en pandilla, denunciado tras los hechos ocurridos en la localidad de Maxcanú.
En la audiencia celebrada en el Juzgado del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Umán, los fiscales de litigación aportaron los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación de la causa penal 21/2022, mismos que fueron analizados por el Juez Primero de Control, quien decretó el citado auto de vinculación a proceso y otorgó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
En tanto, los indiciados deberán permanecer en prisión preventiva como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el proceso.
De los hechos, reunidos durante la investigación, se estableció que el pasado 28 de abril los encausados ingresaron a un establecimiento comercial ubicado en la citada localidad y alegando que pertenecían a una empresa de valores, se dirigen hacia el cajero automático ubicado al interior de la tienda para después retirarse del lugar, justo cuando comenzó a sonar la alarma de seguridad.
Al percatarse de lo ocurrido, un empleado del establecimiento solicitó ayuda policiaca y tras un operativo de búsqueda se logró la detención de los involucrados.
Imputado por dejar de pagar la pensión para su hijo
Acusado del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.L.E.C. por ser omiso en suministrar los recursos necesarios para atender la subsistencia de su hijo menor de edad.
Tras la denuncia, los especialistas de la Fiscalía iniciaron la indagatoria y la integración de la carpeta de investigación correspondiente, de la cual se desprende que el encausado y la denunciante estuvieron casados y de dicha unión procrearon un hijo.
Tiempo después promovieron el divorcio voluntario, por lo que el Juzgado Familiar condenó a J.L.E.C. al pago mensual de tres mil pesos, así como una aportación complementaria para el pago de útiles escolares, pago y/o reembolso de gastos médicos y un juego de ropa cada seis meses. No obstante, de diciembre de 2017 a la fecha J.L.E.C. únicamente ha realizado 15 depósitos, por lo que se denunciaron los hechos que derivaron en la causa penal 120/2022.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y expusieron los datos de prueba para solicitar se resolviera la situación legal del encausado, quien se acoge al término constitucional para definir su condición jurídica, por lo que el Juez de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 16 de mayo.
Antes de dar por concluida la audiencia inicial, esta representación social expuso los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez estableció que el imputado acuda a firmar de manera mensual ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, el pago de una garantía económica, no podrá salir del Estado sin autorización judicial y estará bajo la vigilancia del mismo Centro, todas estas medidas estarán vigentes por el tiempo que dure el proceso.
Violó a una menor discapacitada y la embarazó
Tras valorar los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), R.A.L.D. fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada agravada, denunciado tras los hechos ocurridos en 2018 en la colonia Bojórquez de esta ciudad, por lo que permanecerá en prisión durante todo el proceso.
Los hechos ocurrieron entre los meses de abril y julio del citado año en un predio donde el encausado, aprovechándose que la víctima tiene retraso mental, tuvo cópula con la entonces menor de edad y en consecuencia resultó embarazada, por lo que se presentó la formal querella que derivó en la carpeta de investigación de la causa penal 132/2022.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el Juez Primero de Control valoró los datos de prueba aportados por los fiscales y decretó el auto de vinculación a proceso del imputado, otorgando además un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Antes de concluir la diligencia, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, misma que estará vigente durante todo el proceso.
