Mérida, Yucatán, 11 de octubre de 2024.- Después de ser declarados penalmente responsables del delito de homicidio calificado, el ciudadano A.H.B. fue sentenciado a 25 años de prisión como autor material del ilícito, mientras que la ciudadana L.A.T.P. deberá cumplir una pena de siete años, ocho meses y siete días privada de su libertad como partícipe y cómplice de la muerte del empresario R.K.LL. ocurrido en diciembre del 2022 en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de esta ciudad de Mérida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales suficientes para que los integrantes del Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento declararan la responsabilidad de ambos acusados y los sentenciaran, además de la pena de prisión, al pago de la reparación del daño por un millón 924 mil 400 pesos, además de los gastos funerarios.
En el desarrollo de la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal Colegiado sentenció a los condenados a la suspensión de sus derechos políticos, a recibir amonestación pública, se les prohíbe acercarse a las víctimas indirectas por tres años más después de compurgar su pena en prisión, además de negarles los beneficios de sustitución de sanciones.
Cabe recordar que, durante la etapa inicial del caso, éste fue desahogado ante la Juez Segunda de Control del Primer Distrito Judicial bajo la causa penal 393/2022, donde los fiscales de litigación establecieron que los hechos ocurrieron el cinco de diciembre del citado año, cuando los dos involucrados, habiendo planificado privar de la vida a la víctima, cometieron el delito en el interior de un predio en la mencionada colonia, donde A.H.B. atacó a la víctima, quien falleció a consecuencia de una asfixia mecánica por estrangulación, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense.
Antes de concluir la diligencia del día, se convocó a las partes para la próxima audiencia el día 17 de octubre de 2024, cuando se realizará la lectura y explicación de la sentencia.
Pasará 17 años en prisión por intento de feminicidio
Tras ser encontrado penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su pareja sentimental, M.J.C.G. fue sentenciado a 17 años de cárcel, luego de la aportación de las pruebas pertinentes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los hechos que derivaron en dicha condena y que constan en la causa penal 21-J3-2023 ocurrieron en el mes de marzo del 2023, cuando el ahora culpable, cometió actos violentos contra su pareja dentro de un domicilio ubicado en la comisaría progreseña de Flamboyanes.
La mujer fue golpeada en repetidas ocasiones con diversos objetos, incluido un machete que le ocasionó una herida, para finalmente escapar del predio para solicitar auxilio, por lo que el agresor fue detenido.
Además de la pena privativa de libertad, el inculpado deberá pagar una multa, así como la reparación del daño moral contra la víctima de 100 mil pesos, así como la prohibición de acercarse a esta de manera permanente.
Imputado y tras las rejas por violación en Tizimín
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación al ciudadano C.D.F.LL. por los delitos de violación y abuso sexual, denunciados tras los hechos ocurridos en la colonia Comichén de Tizimín, en agravio de una menor de edad e identidad reservada, por lo que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Tras ejecutarse una orden de aprehensión a cargo de personal de la FGE y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el encausado fue presentado ante la Juez de Control del Quinto Distrito Judicial con sede en Valladolid, donde esta representación social le formuló la imputación del delito y argumentó la vinculación a proceso, pero el imputado solicitó que su situación se resolviera dentro del plazo constitucional por lo que se citó a las partes para continuar la audiencia el próximo 15 de octubre.
De los hechos, reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 84/2024, esta representación social estableció que en noviembre del 2017, cuando la víctima contaba con siete años de edad y aprovechando que es nieta de su pareja sentimental, realizó tocamientos lascivos y la agredió sexualmente cuando esta se encontraba en el domicilio familiar.
Con la indagatoria realizada, se estableció que entre abril y agosto del 2020, la menor y su familia se mudaron un tiempo al predio del encausado y la abuela, oportunidad que aprovechó el imputado para continuar la agresión sexual, siendo la última ocasión en enero del presente año.
Finalmente, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva oficiosa y necesaria, misma que fue concedida por la Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.














